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RESOLUCION Nº 00000090-I-2020 ------ Volver a boletin

VISTO:  El Recurso de Apelación interpuesto por José Luis Altamirano Ortuño contra la sentencia Nº 127.949-2019,  dictada en el Expediente Nº 154.203-O-2019, y;

CONSIDERANDO:

  • que  el Sr. José Luis Ortuño Altamirano interpuso recurso de apelación contra la sentencia N° 127.949-2.019, de fecha 31 de octubre de 2.019.-

  • que se desprende de los considerandos de la sentencia que por Nota N° 207-FA-2.019, del 23 de mayo de 2.019, se notificó al imputado que debía - en el plazo de 10 días - iniciar el trámite de renovación de la habilitación comercial del comercio “PELUQUERIA STYLO COIFFEUR”, sito en calle Gallardo N° 1.124, de conformidad con lo normado por la Ordenanza N° 3.018-CM-18.

  • que vencido el plazo citado en párrafo precedente, sin que el administrado ajustara su conducta a derecho, se procedió al labrado del acta de infracción glosada a fs. 1.

  • que  en ocasión prevista por el Art. 31 del Código de Faltas, el administrado sostuvo que la habilitación comercial que posee le fue otorgada por una resolución anterior a la sanción de la Ordenanza N° 3.018-CM-2018; y entiende que no le resulta aplicable, en función de lo normado por el Art. 7 del Código Civil y Comercial de la Nación.

  • que el administrado manifestó que el nuevo ordenamiento jurídico no se proyecta hacia atrás en el tiempo, ni altera el alcance jurídico de las situaciones y las consecuencias de los actos realizados y agotados bajo un determinado dispositivo legal.

  • que el administrado explicó que la habilitación con la que cuenta el comercio es de aquellas que no preveían fecha de vencimiento –Disposición N° 149-A-1.998 -, y que fue otorgada a la luz del marco regulatorio en vigencia en aquel momento. Esgrime el administrado que la nueva ordenanza permite al municipio requerir el cumplimiento y adecuación de nuevos requisitos, pero de ninguna manera dar de baja una habilitación ya otorgada. Ello, por cuanto entiende afectaría el principio de legalidad.

  • que a criterio del administrado su situación hizo cosa juzgada al contar con sentencia del Dr. Gustavo Contín, pero omite brindar datos que permitan individualizar el acto administrativo mencionado.

  • que en ocasión de dictar sentencia, el Dr. Gustavo Contín sostuvo - en los considerandos - que la resolución citada por el administrado tenia vinculación con una legislación distinta. Situación modificada con la sanción de la Ordenanza N° 3.018-CM-2.018.

  • que, con criterio que comparto, el Dr. Gustavo Contín explicó que la nueva normativa impone la necesidad de renovar la habilitación comercial, y no afecta derechos adquiridos. Ello por cuanto la C.S.J.N. ha manifestado que nadie tiene derecho adquirido al mantenimiento de un régimen jurídico.

  • que destacó el Juez de Faltas que toda habilitación comercial se otorga previa comprobación del estado del establecimiento determinado, y siendo que el mismo se ajusta a la reglamentación vigente en lo que atañe a condiciones de higiene, salubridad, seguridad, etc.

  • que el Juez de Faltas explicó que como la habilitación se otorga previa fiscalización, ésta es la actividad principal que puede verse obstaculizada bajo el pretexto de tener un derecho adquirido, pues, al amparo de éste, se frustraría aquella actividad.

  • que no existe el derecho adquirido a no ser fiscalizado, pues el interés colectivo está por encima de dicha pretensión.

  • que como derivación lógica de los argumentos explicados, el Dr. Gustavo Contín en la parte resolutiva de la sentencia aplicó al Sr. Ortuño Altamirano una multa de pesos siete mil seiscientos ($ 7.600.-) por infracción a la Ordenanza N° 3.021-CM-2.018, cap. III, Art. 29 inciso 003 e inciso 115.-

  • que el Juez de Faltas, en el apartado III de la sentencia, dispuso la clausura del establecimiento ubicado en calle Gallardo N° 1.124 hasta tanto se regularice la situación que diera origen al expediente.

  • que se agravia el administrado a fs. 12, reiterando los argumentos sostenidos en ocasión de efectuar descargo, y adiciona que la fiscalización consiste examinar una actividad para comprobar si cumple con las normas vigentes, agregando que no se opone a la fiscalización de la actividad, y que paga la Tasa por Inspección, Seguridad e Higiene en debido tiempo y forma.

  • que coincide el administrado respecto a que toda actividad brindada al público debe ser controlada por el Estado.

  • que los argumentos brindados por el Juez de Faltas resultan sólidos, además de concordantes con la jurisprudencia imperante en la temática, no pudiendo el administrado invocar la vigencia de la habilitación comercial sine die. Sobre el punto ya se ha pronunciado Asesoría Letrada en diversas oportunidades.

  • que no existe en el derecho administrativo un derecho adquirido a no ser fiscalizado, y menos aún a mantener la vigencia formal de una habilitación comercial por el simple hecho que la Disposición no contempla fecha de vencimiento – situación regularizada con la sanción de la Ordenanza citada en párrafos precedentes -. Además de la inexistencia de derechos absolutos.

  • que la sanción impuesta por el Tribunal en los términos de la Ordenanza N° 3021-CM-18, Cap. III, Art. 29 Inc. 003 e inc. 115 se ajusta a derecho. 

  • que obra Dictámen Legal Nº 627-AL-19, que aconseja el rechazo del Recurso interpuesto;

  • que por lo tanto, corresponde no hacer lugar a lo solicitado;

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

  • que el presente Proyecto reemplaza al 2.019-00005081.                                                                                                           

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE 

ARTICULADO:

  1. RECHAZAR: el Recurso de Apelación interpuesto por José Luis Altamirado Ortuño contra la sentencia Nº 127.949-2019, dictada por el Sr. Juez de Faltas Municipal, en el expediente Nº 154.203-O-2019, en razón de lo expuesto en los considerandos.
     
  2. VUELVA:  El Expediente Nº 154.203-O-2019 , al Juzgado de Faltas Nº I, para su notificación.
       
  3. La presente Resolución será refrendada por el Jefe de Gabinete.
      
  4. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE, 22 de enero de 2020.-

BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[] ALMONACID, NATALIA SOLEDAD[]